1,000 firmas alcanzadas
Para: Presidente del Ecuador. Lenín Moreno Garcés. Ministro de Ambiente de Ecuador, Paulo Proaño Andrade
El riesgo de la Fusión SENAGUA MAE y la pérdida de derecho - Ecuador
Estimado Presidente: con nuestra carta abierta le solicitamos detener el proceso de fusión entre el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua, que atenta a lo planteado en la Constitución de la República, y pone en riesgo la posibilidad de que el Estado cumpla con su rol de rector, planificador y garante de derechos, en especial los derechos humanos al agua y saneamiento, al riego de soberanía alimentaria, y los derechos de la naturaleza.
En la carta abierta al Presidente, académicos, organizaciones sociales, cooperación, autoridades, investigadores, gente del agua, TODOS y TODAS coinciden en la necesidad de una institucionalidad que asegure derechos, participación y transparencia #NoaLaFusión @aguaEC @ambienteEC
Este planteamiento colectivo sobre la fusión de SENAGUA y MAE, tiene el interés de propiciar el debate y análisis crítico respecto de la necesidad de una institucionalidad del Agua, transparente, de principios y derechos. Lo que se ha logrado hasta ahora es fruto de un gran proceso de movilización y reivindicación social que se debe respetar.
¿Por qué es importante?
En la gestión del agua están más de 10.000 organizaciones comunitarias, que requieren políticas que les reconozcan, fortalezcan y promuevan. 10.000 organizaciones que garantizan el derecho al agua de al menos el 30% de la población.
Los consejos de cuenca deben constituirse en el espacio de deliberación, planificación y consenso sobre la gestión del agua, tarea pendiente que debe fortalecerse desde la autoridad única del agua.
Aun existen en el país cientos de aguatenientes que acaparan el recurso, que lo usan de manera ilegal y lo contaminan, corregir esta distorsión, que produce inequidad, es el rol de la autoridad única del agua. #NoalaFusión
Se requiere una institucionalidad que materialice la autoridad única del agua recogida en la Constitución, que asegure el rol del Estado como rector y planificador de la gestión integrada del agua y los servicios asociados, y su rol de garante de derechos.