500 firmas alcanzadas
Para: Presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet
Salvemos el Valle de Culipran - Chile
Estimada Presidenta: le solicitamos, por favor, la modificación del decreto 82/2012 del Ministerio de Energía, impidiendo que la línea de transmisión de alta tensión entre Rapel y Santiago pase por sitios declarados como prioritarios y reservas silvestres. De manera de no afectar más aún las pocas áreas verdes relativamente conservadas en la Región Metropolitana.
De esta forma, usted hará honor a su compromiso de campaña "con el objetivo de facilitar el desarrollo de los proyectos de transmisión eléctrica implementaremos a la brevedad la Ley de Concesiones y Servidumbres Eléctricas, introduciendo mecanismos expeditos que garanticen los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente".
Lamentablemente, los derechos ciudadanos no están bien resguardados, pero sí los de los grandes consorcios que lucran la construcción de este tipo de obras, con recursos de todos los chilenos.
¿Por qué es importante?
Es sumamente importante que las reservas silvestres y sitios prioritarios de las regiones centrales del país y de todo nuestro territorio no sean utilizadas como zonas de paso de líneas de Alta Tensión o cualquier otra forma de intervención humana que afecte el delicado equilibrio ecológico que hoy mantienen, de manera de preservar estas áreas para nuestras futuras generaciones.
Lamentablemente, la Legislación Ambiental es tan débil que permite a las empresas que realizan la ejecución de este tipo de obras presentando los estudios de impacto ambiental reconociendo el gran impacto que ellas generan y proponiendo medidas de mitigación, que no podrán devolver el patrimonio ecológico destruido por las construcciones proyectadas.
La ley apenas contempla una participación ciudadana como saludo a la bandera y que no es vinculante, es decir quienes somos afectados por estas obras no tenemos poder de decisión y sólo somos meros espectadores de lo que pasa con nuestras áreas prioritarias y reservas silvestres, mientras las empresas se embolsan millones de dólares de todos los chilenos al no realizar trazados racionales, pasando sus líneas por los sectores donde el Estado es el principal propietario.